En la charla-coloquio organizada por VIVA COÍN y celebrada el pasado jueves, 11 de noviembre, en la Casa de la Cultura de la citada localidad, los asistentes pudieron tomar conciencia de que este mal, que aqueja a nuestro entorno rural, está más extendido de lo que parece.

Aunque, en un principio, estaba anunciada la asistencia como ponente de Antonio Blanco Cueto, ex-Alcalde de Alozaina y ex–Diputado provincial, Pedro Cantos abrió el debate para excusar su ausencia, pues al final éste había optado por la prudencia y no asistir, ya que aún tenía asuntos judiciales no resueltos.

Seguidamente pasó a presentar al nuevo ponente, Ricardo Santandreu Montero, abogado de la Asociación de Viviendas Ilegales de España, ubicada en Mijas, y a Javier Leiva, miembro de la directiva de esta Asociación, a quienes agradeció su presencia por el esfuerzo que suponía desplazarse y asistir a este encuentro a esas horas de la noche.

A continuación, Pedro Cantos hizo una breve síntesis para centrar el tema del debate. Manifestó de forma tajante que en esta historia de irregularidades e ilegalidades que puede haber detrás de cada vivienda en el campo, el único responsable no es el que la construye, sino que también hay un rosario de implicados que hicieron dejación de sus funciones y que, hasta la fecha, se han ido “de rositas”, casi en su totalidad.

Según Cantos, la solución no es derribar casas en el campo, pues es inviable echar abajo todas las existentes de esa naturaleza. Más bien aboga por que la ley mire al campo con otros ojos, y vea en esa situación en que se encuentran  los diseminados rurales con tanta edificación irregular, una manera de crear trabajo y reactivar la economía, pues si la ley obligara a esas viviendas a dignificar su situación a modo de planes parciales o urbanizaciones blandas, en lugar de demolerlas, se generarían muchísimos puestos de trabajo.

Más tarde tomó la palabra Javier Leiva para manifestar que en Mijas que estaban dando las llamadas “multas coercitivas”, consistentes en que si una vivienda rural debía ser demolida por decisión judicial, terminado el plazo y si el propietario no lo había hecho, el Ayuntamiento le imponía una multa equivalente al 10% del valor del inmueble, y le daba otro plazo para ejecutar la demolición. Y ante nuevos incumplimientos, se le podían imponer multas hasta doce veces, por lo que la cuantía de las multas podrían superar el valor de la casa y, al final, sería el propio Ayuntamiento quien ejecutaría la demolición. Esta barbaridad, gracias a las negociaciones establecidas entre la asociación y el Ayuntamiento, ha dejado de ejecutarse, por la terrible injusticia que encierra.

Tomó la palabra el jurista de la Asociación, señor Santandreu, para comunicar a los asistentes que, según una reciente estimación, se calcula que haya en todo el territorio nacional MÁS DE UN MILLÓN DE VIVIENDAS en situación de irregularidad o ilegalidad. También manifestó que en relación a estas ilegalidades, los Ayuntamientos pueden iniciar dos tipos de expedientes: los penales (cuyos recursos se pueden ganar  o perder) y los administrativos ( cuyas resoluciones judiciales, en su totalidad, siempre pasan por la demolición de lo construido).

¿Cómo se enfrenta nuestro país a ese millón de delincuentes urbanísticos? Según Santandreu, de la siguiente manera: A modo de cabezas de turco, se expedientan a unos 40.000 y se demuelen sus viviendas a unos 1.500. El resto de afortunados de esta maquiavélica ruleta rusa y aquellos otros salvados por el amiguismo,  consiguen vivir en paz y armonía con la naturaleza.

Ricardo Santandreu manifestó que este asunto afecta también a unos 150.000 extranjeros que poseen viviendas de estas características, por lo que la Asociación de VIVIENDAS ilegales de España, había creado una página web (www.viviendasilegalesdemijas.org) desde donde poder proyectar toda esta problemática al resto de Europa y del mundo, que debe saber de esta situación. Por lo que esperan de los organismos europeos se presione a nuestro país para que se coja ese toro por los cuernos, y cambie la legislación, con objeto de poder regularizar de manera justa todo este desbarajuste urbanístico en el que debe implicarse toda la cadena responsable del mismo.

Aprovechó la ocasión para comunicar a la sala que en Extremadura, los dos partidos mayoritarios PSOE y PP, se habían puesto de acuerdo y habían legislado valientemente sobre este asunto, ofreciendo una salida legal al 90% de las irregularidades urbanísticas de esta Comunidad Autónoma. Se puede constatar  en el DOE (Diario Oficial de Extremadura) de fecha 20-10-2010.

Concluyó diciendo que con voluntad política, la regeneración del diseminado rural es posible.

Ya, al final, se abrió un turno de opiniones donde se puso de relieve la necesidad de atajar estos problemas, así como la dificultad que esto entraña por la maraña de parcelas y viviendas que durante todos estos años de dejación de la autoridad, se ha ido tejiendo. Poniéndose de relieve que si esto se acomete algún día, el propietario debe entender que son mejoras a su propiedad y, por tanto, deberá arrimar también su bolsillo. También se dijo que durante muchos años gran parte de los Ayuntamientos habían estado mirando para otro lado mientras ponían el cazo para recaudar la multa, que venía muy bien para las arcas municipales, cuando no para fomentar el amiguismo con rentabilidad electoral.

En definitiva, la solución de este problema pasa por  CAMBIOS PROFUNDOS EN LA LEY,  EN LA ACTITUD  POLÍTICA  Y EN LA MENTALIDAD CIUDADANA.

Con ese regustillo, se dio por terminada la fecunda charla-coloquio, donde lo asistentes salieron más concienciados de la problemática que rodea a las casitas en el campo.

Información publicada en:    El Aguijón.





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